Celaya, Gto; En respuesta a la solicitud de auditoría promovida por diputados locales del PAN, el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, defendió las acciones de su administración asegurando que los despidos dentro de la corporación policiaca y la administración obedecieron a actos reprobables y hasta conductas delictivas por parte de algunos funcionarios.
El edil afirmó que 360 policías, muchos de ellos de extracción federal, de los conocidos popularmente como “Fedepales”, fueron dados de baja por presuntos vínculos con actos delictivos.
“Tenemos 360 policías que muchos de ellos eran delincuentes y los corrimos”, dijo el Alcalde.
“Muchos de los Fedepales eran los que robaban a los transeúntes, a los camiones, y algunos de ellos salían jueves y viernes con equipo a hacer maldades”, declaró Ramírez Sánchez, refiriéndose a los elementos provenientes de corporaciones federales.
El alcalde enfatizó que los despidos no fueron por razones políticas, ideológicas ni religiosas, sino por irregularidades y uso indebido de recursos.
“Tenemos decenas de inspectores que les dimos las gracias porque ganaban dinero… gente que usaba los vehículos oficiales los fines de semana, que se enojaron cuando se los quitamos”, señaló.
Respecto a la auditoría solicitada por legisladores panistas, Ramírez Sánchez aceptó la revisión, pero exigió reciprocidad.
“También acepten lo que nosotros ya les hemos pedido y nos lo negaron. Una auditoría de tres años del gobierno anterior. Si se hiciera de los últimos 15 años, sería mucho mejor, porque sabríamos dónde están miles de millones de pesos que no encontramos”.
Reiteró su confianza en la transparencia de su gestión y en los procesos de indemnización y despido implementados.
“No tenemos nada que esconder, cada semana decimos lo que estamos haciendo”, aseguró.
Además, acusó a algunos despachos jurídicos que fueron dados de baja del padrón municipal, de representar a extrabajadores que fueron generando conflictos de interés.
“Muchos de estos despachos estuvieron despidiendo y ahora representan a quienes despidieron. No los vamos a contratar”.
Finalmente, Ramírez Sánchez calificó la solicitud de auditoría como un movimiento político, pero insistió en que su gobierno está dispuesto a rendir cuentas. No obstante, pidió que se permita también auditar el pasado.
“Con esa misma vehemencia con la que defienden a sus compañeros de partido, ayúdennos a auditar el gobierno anterior”.
