Celaya, Gto; En respuesta a las declaraciones del Obispo de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma —quien el fin de semana se manifestó a favor de las llamadas “terapias de conversión” y cuestionó la reciente reforma al Código Civil de Guanajuato que reconoce la unión civil entre personas del mismo sexo—, Gabriel Ramírez, representante de la Asociación Civil Inclusión Social Bajío, llamó a la reflexión, la responsabilidad pública y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Gabriel Ramírez celebró que, tras 11 años de trabajo social y legislativo, las modificaciones al Código Civil finalmente garanticen el acceso igualitario al matrimonio sin discriminación.
“Estamos muy contentos de que esta reforma ya sea ley. Esto quiere decir que nadie, ni el gobernador, ni el obispo, ni ninguna autoridad puede revertir este avance”, señaló.
Sobre las declaraciones del Obispo, afirmó que no existe enojo, pero sí preocupación por el desconocimiento que exhiben posturas que alimentan la exclusión. Recordó que incluso desde el propio Vaticano se han dado mensajes de apertura hacia las personas LGBTQ+, y que desconocerlos genera confusión y retrocesos.
“Más que nada es un recordatorio de que revise esas palabras de apertura que la Iglesia Católica ha manifestado. Muchas personas de la diversidad profesan esa fe”, dijo.
Sin embargo, Gabriel Ramírez subrayó que el punto más grave es el respaldo a las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que diversas organizaciones y organismos internacionales han señalado como violentas y violatorias de derechos humanos.
El Obispo declaró en su momento que también los homosexuales tienen derecho de “curarse” y convertirse en heterosexuales.
“Ahí sí está metiendo el pie muy adentro en un hoyo sin fondo”, advirtió. “Las mal llamadas terapias de conversión afectan mental, emocional y hasta físicamente. No sólo limitan derechos: ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas”.
Explicó que la modificación al Código Penal —que prohíbe estas prácticas en Guanajuato— es un avance que organizaciones civiles celebran, pues permitirá denunciar y sancionar a grupos religiosos o pseudoprofesionales que continúen realizándolas.
“Si nos enteramos de que alguien sigue aplicándolas, podremos denunciarlos y exhibirlos. No vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir”, afirmó.
Ramírez narró que, aunque en Celaya no se han registrado casos recientes, en el estado sí hay reportes de grupos que intentan convencer a familias para someter a menores de edad a estas intervenciones que buscan “curar” algo que no es una enfermedad.
“Ahí está el riesgo verdadero: cuando un liderazgo avala actividades que dañan, legitima la persecución y la violencia hacia la diversidad”, enfatizó.
El representante de Inclusión Social Bajío insistió en que ningún discurso religioso debe justificar prácticas que vulneren derechos fundamentales.
“Le recomendaría que piense y estudie un poco más antes de hablar. Estos avances no son ocurrencias: son más de 11 años de trabajo con legisladores y sociedad civil”, concluyó.
