Comunicado Oficial
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una nueva sentencia emitida por los Tribunales de Oralidad Penal con sede en León contra Edgar Francisco “N”, responsable del despacho jurídico Punto Legal, que se suma a las condenas previamente obtenidas en su contra.
En el nuevo juicio, un agente del Ministerio Público demostró que el sentenciado, aprovechando su calidad de director del despacho jurídico, ofrecía en venta inmuebles que supuestamente se encontraban en remate bancario y estaban ubicados en diferentes puntos de León, a precios atractivos.
Sin embargo, las pruebas presentadas durante el proceso acreditaron, más allá de toda duda razonable, que los inmuebles ofertados no se encontraban en litigio y que el ahora sentenciado carecía de facultades legales para venderlos, ocasionando un grave detrimento patrimonial a las víctimas.
Por los hechos relacionados con las 28 víctimas que participaron en este juicio, se impuso al sentenciado una nueva pena de 238 años de prisión, así como una multa de 248 mil 349.60 pesos.
Asimismo, se ordenó la suspensión de su cédula profesional por el mismo periodo de la pena privativa de la libertad y se le condenó al pago de 9 millones 719 mil 900 pesos por concepto de reparación del daño.
También deberá resarcir el daño moral causado y cubrir los perjuicios derivados de las afectaciones a la salud física y psicológica de las víctimas.
No obstante, la Fiscalía precisó que, conforme al Código Penal del Estado, el sentenciado compurgaría un máximo de 40 años de prisión por esta nueva sentencia, pese a que anteriormente ya se le había impuesto una condena histórica de mil 18 años de cárcel.
Con esta nueva resolución, la Fiscalía reportó que hasta el momento se ha impartido justicia a 135 víctimas del despacho Punto Legal. Además, señaló que existen otras 100 personas que esperan la realización de los juicios correspondientes contra Edgar Francisco “N”.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato afirmó que continuará trabajando para lograr la reparación integral del daño a favor de las víctimas, más allá de las penas de prisión impuestas al responsable.
