Celaya, Gto; El regidor por el PAN y presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, Carlos Ruiz León, acusó que los integrantes del cabildo se enteraron de los cambios en la titularidad de la Oficialía Mayor a través de los medios de comunicación y no por canales institucionales.
El edil sostuvo que el relevo en la Oficialía Mayor, un área estratégica por el manejo de personal y procesos administrativos, debió ser comunicado de manera directa al Ayuntamiento, junto con el perfil de la persona que asumió el cargo.
“A la persona que acaba de entrar no la ubico, no la conozco… sería importante que nos dieran a conocer su CV para ver el perfil, los conocimientos y la experiencia que puede tener esta persona”, señaló.
Ruiz León advirtió que la frecuencia de cambios en la Oficialía Mayor no es un asunto menor. Recordó que en apenas un año y algunos meses ya se han tenido tres titulares, lo que, dijo, afecta la continuidad de procesos que no solo implican trámites, sino el manejo de personas.
“No es lo idóneo… se necesita gente con conocimiento, con experiencia, porque se habla de procesos y del factor humano”, enfatizó.
El regidor panista también cuestionó el argumento del “desgaste” que se habría usado para justificar la salida de la anterior oficial mayor, Mireya Villagómez Molina. Consideró que ese término es inapropiado y contrario al principio de dignidad humana.
“No se puede denostar ni demeritar el trabajo de Mireya… la anterior oficial mayor merece todo nuestro respeto”, afirmó, al tiempo que subrayó que, si la funcionaria solo será reubicada, resulta aún más grave que se le pretenda desprestigiar públicamente.
En el plano legal, Ruiz León explicó que hablar al mismo tiempo de liquidación y reubicación genera dudas jurídicas.
Detalló que si Villagómez Molina permanece dentro de la administración centralizada, lo procedente sería un convenio de modificación de sueldo y funciones; pero si se le traslada a una paramunicipal, entonces sí se trataría de dos regímenes laborales distintos, lo que implicaría liquidación y nueva contratación, además de respetar los tiempos de espera que marca la normatividad.
El regidor concluyó que estos movimientos deben hacerse con claridad, legalidad y respeto, tanto para las personas involucradas como para el propio Ayuntamiento, que —recalcó— no puede seguir enterándose de decisiones clave por la vía de los medios y no por los canales institucionales.
