Celaya, Gto; La Contraloría Municipal investiga a dos trabajadores de la Oficialía Mayor por presuntamente omitir el seguimiento de dos demandas laborales, procedimientos que ahora podrían representar un gasto de más de medio millón de pesos para el gobierno celayense, informó el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El presidente municipal explicó que ambos funcionarios, un hombre y una mujer, fueron notificados de los procesos, pero no atendieron los procedimientos dentro de los plazos establecidos, por lo que la Contraloría Municipal ya analiza si incurrieron en alguna responsabilidad.
“Si alguien lleva un caso y no lo contesta está fallando y queremos que se investigue. Estamos negociando a ver cuánto le pagamos a las personas porque nos van a ganar, no porque tengan razón, sino porque no se contestó la demanda”, señaló.
Uno de los procedimientos corresponde a la demanda presentada por la viuda de un ex trabajador municipal jubilado, quien reclama el pago de una pensión por viudez u orfandad, gastos funerarios y un seguro de vida.
El alcalde detalló que tan solo el seguro de vida solicitado asciende a 250 mil pesos, mientras que los intereses sumarían alrededor de 30 mil pesos. El segundo caso tendría un monto similar, por lo que el impacto económico para el Municipio superaría el medio millón de pesos.
Ramírez Sánchez aseguró que durante la revisión de los expedientes se comprobó que los funcionarios recibieron las notificaciones correspondientes, debido a que existen documentos firmados que lo acreditan.
Sin embargo, señaló que no se cumplió con el trámite que correspondía para atender las demandas.
“Hemos determinado que las personas que llevaron el caso sí actuaron con dolo porque no contestaron a tiempo. Ayer lunes los pusimos en la Contraloría para que investigara”, afirmó.
La semana pasada trascendió un acto de ejecución derivado del procedimiento promovido por la viuda del ex trabajador, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
La parte demandante solicitó el pago de la pensión, gastos funerarios y seguro de vida; mientras que el Municipio cuestionó la diligencia de ejecución y señaló inconsistencias en el procedimiento.
El alcalde indicó que el Gobierno Municipal analiza llegar a un acuerdo con los demandantes para resolver los procedimientos y evitar que el monto siga aumentando.
“Es un poquito más de medio millón de pesos, pero es dinero del pueblo y por negligencias no podemos aceptar que se pague ese dinero. Si vemos que ellos cometieron un error, ellos pagarían, vamos a hacer que ellos paguen”, sostuvo.
Ramírez Sánchez señaló que también se había considerado recurrir a un amparo, aunque finalmente esta opción fue descartada debido a que las cuentas municipales no fueron congeladas.
“No hay embargo de nómina y nosotros seguimos utilizando recursos y es lo que estamos entregando”, agregó.
