Celaya, Gto; El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez se sumó a la polémica de señalamientos que comenzó en el Congreso del Estado y acusó a los gobiernos panistas de tener relación con el narcotráfico y ser un “narcoestado”.
“Desde hace 30 años gobierna el PAN y nosotros nos convertimos en el estado más peligroso del país y proliferó el narcotráfico un montón. Aquí se gestó un cartel con proyección nacional a las sombras de los gobiernos panistas y un cartel que todavía anda funcionando por ahí y lo hicieron en este gobierno, si aquí hay alguien que está relacionado con el narcotráfico es el gobierno y los gobiernos desde hace 30 años que están aquí y ahí están las pruebas”, mencionó.
La polémica surgió el jueves durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, cuando el diputado panista, Jorge Espadas Galván realizó insinuaciones de narcos gobiernos municipales en Guanajuato y pidió se revisar las acciones de diputados locales.
El primer edil propuso que los reporteros le preguntaran sobre este tema y señaló que está dispuesto a que lo investiguen.
“Ellos son un narcoestado y luego quieren decirnos que nosotros tenemos problemas. Yo siempre he dicho que se revise mi actuar y el actuar de todos, no de los morenistas, de todos. Ellos todavía tienen treinta y tantos municipios dirigidos por ellos y quiero que revise el actuar de todos”, afirmó.
Ramírez Sánchez aseguró que hay muchas pruebas de la relación entre los gobiernos estatales y el narcotráfico y señaló que en Celaya se creó “un cartel poderosísimo y cuando no lo pudo controlar la gente del gobierno metieron a otro cartel y hubo una competencia y una matazón que ya no queremos recordarla”.
“Está situación que vivimos se originó en esos 30 años que nos han gobernado y hay pruebas, videos y comentarios de cómo en 30 años la complicidad de los gobiernos del PAN hizo que Guanajuato estuviera en esta situación tan difícil que hoy vivimos y queremos rescatar”, agregó.
El presidente municipal también acusó que un grupo de la delincuencia organizada tenía protección del Gobierno del Estado y de gobiernos locales.
