Celaya, Gto; Luego de que nueve periodistas de Celaya presentaron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) contra el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y el director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman, estos reconocieron su actuar, pero negaron violaciones a los derechos de los comunicadores.
Los periodistas los acusan de haber obstruido su labor periodística y de violentar su derecho a la libertad de expresión. El expediente fue recibido y admitido bajo el folio 0987/2025.
La denuncia se originó tras un incidente en una rueda de prensa organizada por el gobierno municipal. Los periodistas decidieron salir del evento en protesta por la participación de un supuesto “creador de contenido” —presuntamente financiado con recursos públicos— a quien acusan de utilizar sus plataformas para defender al gobierno local y hostigar a la prensa. Después de su salida pacífica, los comunicadores intentaron volver al recinto, pero se les negó el reingreso con apoyo de la fuerza pública.
En esa misma jornada, durante una sesión del Ayuntamiento, el presidente municipal hizo declaraciones que generaron más inconformidad. Entre otros comentarios, mencionó que se entrega dinero a reporteros “para sobrevivir”.
En su respuesta oficial enviada a la PRODHEG, Ramírez Sánchez rechazó que se hayan cometido violaciones a derechos humanos. Justificó que el uso de la fuerza pública para impedir el ingreso se dio conforme a protocolos de seguridad, y afirmó que cualquier elemento de seguridad puede actuar si percibe algún riesgo.
“Momentáneamente se les impidió su ingreso, ya que por protocolo; cualquier persona de seguridad, si percibe algún riesgo puede tomar esas medidas o determinaciones (…) Esta acción a juicio del suscrito en ningún momento violó sus derechos fundamentales”, argumentó.
Respecto a sus declaraciones durante la sesión, sostuvo que sus palabras no pretendían ser ofensivas ni denigrar la labor de los periodistas.
“En relación a que declaré, ‘Así se hacen los chismes’ y ‘A los reporteros y periodistas se les dan recursos económicos para que también puedan sobrevivir’, esto fue del sujeto de ninguna manera causa grave o denigración personal”, sostuvo, y añadió que, según la Real Academia Española, “sobrevivir” implica “vivir con escasos medios o condiciones adversas”.
Lo anterior, a pesar de que el Municipio no realiza pagos directos a periodistas, sino que mantiene convenios publicitarios con medios, los cuales no implican compromisos editoriales.
Por su parte, el director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman, admitió haber ordenado impedir el reingreso de los periodistas, calificando su salida como una falta de respeto.
“Siendo esta acción una completa y absoluta falta de respeto para los que ahí estábamos presentes”, escribió en su informe, y agregó que la medida se tomó por “motivos de seguridad”, debido a que en ese momento desconocían las razones de su salida.
Ni el alcalde ni el director de Fiscalización abordaron el tema de fondo que motivó la protesta, la participación del llamado “generador de contenido” y los ataques verbales que éste ha dirigido contra periodistas durante actos públicos organizados por el propio gobierno.
Pese a que tales expresiones han ocurrido en espacios oficiales, las autoridades no han intervenido ni emitido llamados al orden, a pesar de estar obligadas a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la prensa en eventos institucionales.
