Celaya, Gto; La asociación civil Cabale Pro Derechos Humanos y Participación Ciudadana, junto con el activista Ernesto Ledesma Orozco, promovió un juicio de amparo indirecto al considerar que las obras del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato, en su paso por Celaya, avanzan sin que se haya realizado una consulta pública en materia ambiental.
El presidente de Cabale, Alberto Navarro Torres, informó que el recurso fue admitido bajo el expediente 623/2026 en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Celaya.
“El proyecto omitió un requisito que contempla la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la cual se establece la consulta ciudadana para este tipo de proyectos. Promovemos un juicio de amparo indirecto porque se vulneran los derechos humanos al medio ambiente sano, al acceso a la información y a la movilidad”, afirmó.
El representante de la asociación explicó que el propósito del juicio es que un juez federal determine si debe llevarse a cabo una consulta pública para que la ciudadanía de Celaya pueda pronunciarse sobre la continuidad o posibles modificaciones del proyecto ferroviario.
“Nuestra asociación se enfoca en el procedimiento administrativo que se sigue para desarrollar el proyecto. Nos concentramos en la etapa de impacto ambiental y la consulta ciudadana, que no se realizó, así como en la ejecución material y el confinamiento territorial de la obra”, explicó.
Navarro Torres aseguró que Cabale está integrada por jóvenes profesionistas y rechazó que exista algún interés político detrás del recurso legal.
“Nuestro objetivo es la promoción de los derechos humanos e informar a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y, sobre todo, cómo defenderse ante actos arbitrarios de la autoridad. También buscamos fomentar la participación ciudadana en la vida pública del país”, señaló.
El presidente de la asociación informó que la directora del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE), Alejandra Ojeda Sampson, compareció en representación de las autoridades municipales y negó los actos reclamados.
De acuerdo con Navarro Torres, la funcionaria sostuvo que el IMIPE no dictó, ordenó, ejecutó ni pretende ejecutar los actos señalados en el juicio de amparo.
“Aun cuando la obra sea federal, al tratarse de un proyecto que afecta al municipio debe existir coordinación entre las autoridades locales y federales. No puede ser que no estén enterados de lo que sucede en su propio municipio”, manifestó.
Finalmente, indicó que las autoridades estatales y federales señaladas como responsables también deberán rendir los informes correspondientes para que el Juzgado Quinto de Distrito cuente con los elementos necesarios antes de emitir una resolución.
