Celaya, Gto.- La creación de la Constructora de la Esperanza que pretende poner en marcha el Gobierno Municipal debe analizarse más allá del costo de cada obra, ya que sacar a las empresas privadas de los proyectos podría reducir la generación de empleos, afectar a proveedores y disminuir la derrama económica en Celaya, advirtió la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato.
A través de un comunicado, el organismo empresarial reconoció que el Municipio tiene la responsabilidad de atender las necesidades de infraestructura y que es válido buscar alternativas para aprovechar mejor los recursos públicos, pero consideró que la obra pública no debería convertirse en una actividad exclusiva del Gobierno.
La CMIC señaló que las empresas constructoras formales generan una cadena económica que incluye a trabajadores, proveedores de materiales, transportistas, operadores de maquinaria, ingenieros, arquitectos, laboratorios, supervisores y otros prestadores de servicios especializados.
Por ello, sostuvo que el costo de una obra no debe medirse únicamente por cuánto dinero se requiere para construirla, sino también por el empleo que genera, las empresas que participan y los recursos que permanecen en la economía local.
Advierten efecto en finanzas públicas
La Cámara también destacó que las constructoras formalmente establecidas contribuyen a las finanzas públicas mediante el pago de impuestos, cuotas, aportaciones laborales y otras obligaciones.
Explicó que cuando una empresa privada ejecuta una obra, el presupuesto se distribuye entre salarios, compra de materiales, contratación de servicios, proveedores y otras actividades que mantienen en movimiento la economía.
Ante ello, consideró que el análisis de una constructora municipal debe contemplar no solamente el posible ahorro directo para el Gobierno, sino también los recursos que dejarían de circular entre las empresas locales.
La CMIC advirtió que limitar la participación de constructoras privadas en la obra pública podría tener repercusiones en otros sectores vinculados con la industria.
“Una obra pública genera empleo y hace circular recursos entre cientos de personas y empresas”, señaló el organismo.
Cuestionan que sea más barato
La Cámara también puso en duda que la ejecución directa de las obras por parte del Municipio necesariamente represente un ahorro.
Señaló que mantener una estructura dedicada a construir infraestructura implica cubrir salarios, prestaciones, seguridad social, capacitación, maquinaria, combustible, mantenimiento, materiales, supervisión y otros gastos administrativos y técnicos.
Además, recordó que antes de ejecutar una obra se requieren estudios y trabajos especializados, como mecánica de suelos, topografía, proyectos ejecutivos, ingeniería estructural, pruebas de laboratorio y supervisión.
Por ello, consideró que un menor costo presupuestal de una obra no necesariamente significa que exista un ahorro para la sociedad.
La CMIC planteó que también deben evaluarse factores como la calidad de los trabajos, capacidad técnica, mantenimiento, transparencia y el impacto económico que genera cada modelo de ejecución.
Piden diálogo con el Municipio
El organismo empresarial aclaró que no se opone a que el Gobierno Municipal busque hacer más eficiente el gasto público y reconoció que puede ser conveniente que el Ayuntamiento mantenga cuadrillas propias para trabajos menores, mantenimiento, bacheo, emergencias y labores que requieren atención inmediata.
Sin embargo, consideró que en proyectos de mayor complejidad debe mantenerse la participación de empresas especializadas que cuentan con personal profesional, maquinaria, experiencia y capacidad técnica.
Ante el proyecto de la Constructora de la Esperanza, la CMIC Delegación Guanajuato pidió ser tomada en cuenta, junto con colegios y otras cámaras empresariales, antes de establecer un modelo permanente.
El organismo manifestó su disposición para dialogar con el Gobierno Municipal de Celaya y participar en un análisis técnico de la propuesta, con el objetivo de determinar qué esquema puede generar mayores beneficios para la ciudadanía.
La Cámara insistió en que la inversión pública debe traducirse no solo en infraestructura, sino también en empleo, fortalecimiento de empresas locales, actividad para proveedores y una mayor derrama económica en el municipio.
