Exhibe desinterés Gobierno Estatal, en mesa final sobre despenalización del aborto

Comunicado Oficial

Guanajuato, Gto.,- Con la notable ausencia de autoridades estatales, se llevó a cabo la tercera y última mesa de trabajo de la Comisión de Justicia para analizar tres iniciativas relativas a la despenalización del aborto. Los trabajos fueron encabezados por el presidente de la Comisión, diputado Abraham Sotomayor, con la participación de la diputada de Morena, Miriam Reyes Carmona y del diputado David Martínez Mendizábal.

Pese a que fueron convocadas cinco instituciones, únicamente asistieron representantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo no asistió a la mesa de trabajo ni remitió opinión. La Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado tampoco acudió ni envió posicionamiento. En el caso del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no envió representación argumentando cuestiones de agenda.

Durante la sesión, tanto la FGE como la PRODHEG señalaron que, para brindar mayor certeza jurídica, las iniciativas requieren precisar conceptos clave. Se sugirió considerar modificaciones al artículo 161 del Código Penal del Estado de Guanajuato para incrementar tanto el mínimo como el máximo de la pena por aborto forzado, actualmente de 4 a 8 años de prisión. Asimismo, plantearon derogar por completo el artículo 163 del mismo código —y no limitarse a ajustar las excusas absolutorias—, además de valorar modificaciones a la Constitución local, a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.

Al hacer uso de la voz, la diputada Miriam Reyes subrayó que se trata de una reforma sensible y necesaria que debe analizarse desde la perspectiva de los derechos humanos, no desde prejuicios ni intereses políticos. Explicó que la propuesta busca armonizar la legislación de Guanajuato con los criterios nacionales e internacionales en materia de derechos reproductivos, dejando de criminalizar a las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir un embarazo durante las primeras 12 semanas.

Por su parte, el diputado David Martínez Mendizábal reconoció que es un tema que divide opiniones en la sociedad; sin embargo, sostuvo que el aborto en las primeras semanas de gestación no debe permanecer en el ámbito penal, pues corresponde a una decisión libre e informada. Añadió que el derecho penal no debe utilizarse para imponer maternidades forzadas; que la criminalización afecta principalmente a mujeres en condiciones de vulnerabilidad; y que la interrupción del embarazo debe garantizarse como parte de los servicios de salud. Asimismo, consideró inminente una eventual declaratoria de inconstitucionalidad si no se legisla en la materia.
                                                                                                                                                      Al concluir la sesión, el diputado Abraham Sotomayor lamentó la ausencia de las autoridades estatales, al señalar que esto refleja la falta de interés del Gobierno del Estado por participar en la discusión de un tema que impacta directamente en los derechos de las mujeres. 
                                                                                                                                                    “Hoy vimos la nula participación de la Secretaría de la Mujer: ni siquiera enviaron una opinión. Tampoco asistió la Consejería Jurídica. Eso evidencia una incongruencia: por un lado se presume un discurso a favor de las mujeres y, en los hechos, ocurre lo contrario”, concluyó.