Celaya, Gto.- Una actuaria del Tribunal Laboral acudió este martes a la Presidencia Municipal para notificar un embargo derivado de un juicio laboral que perdió el DIF Celaya por el presunto despido injustificado de una extrabajadora. Sin embargo, el procedimiento no se concretó luego de que el Municipio solicitó la abstención del embargo mientras se revisa la forma en que se cubrirá el pago.
El secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez, explicó que el caso no fue generado por la actual administración, sino que se trata de un litigio iniciado en 2019 y cuyo laudo quedó firme desde enero de 2024.
“Es un laudo que ya está en firme. No hay realmente mucho que hacer; al final se tiene que pagar”, afirmó.
El funcionario explicó que la demanda fue presentada por la exfuncionaria en contra del DIF y recordó que la institución promovió un juicio de amparo, pero éste fue rechazado.
“Le niegan el amparo al DIF y el 18 de enero del 2024 queda firme ya la sentencia de lo que se tiene que pagar”, señaló.
De acuerdo con Nieto Martínez, el expediente era atendido por un despacho jurídico externo desde administraciones anteriores y, presuntamente, no acudió a una diligencia convocada por la autoridad laboral, lo que permitió que avanzara la ejecución del laudo.
“Lo estaba litigando un abogado externo. No es propiamente de esta administración; es de un par de administraciones atrás”, comentó.
El secretario indicó que la notificación de este martes tenía como propósito ejecutar un embargo, aunque finalmente se pidió una abstención para evitar que se llevara a cabo en ese momento.
“Lo que hicimos hoy fue una abstención; solicitamos que se abstuvieran de embargar a efecto de revisar bien el tema”, explicó.
Añadió que, por ahora, el Tribunal no fijó un plazo para cubrir el pago, aunque reconoció que la resolución ya no puede impugnarse.
“Ya no se puede hacer nada más. Lo que sigue es revisar los términos para cumplir con ese laudo”, dijo.
Aunque no tenía el monto exacto, señaló que la cantidad reclamada ronda los 191 mil 500 pesos.
“Más o menos entiendo que estaban demandando 191 mil 500 pesos, pesos más, pesos menos”, precisó.
Sobre quién absorberá el pago, el secretario dijo que aún no hay una decisión, ya que deberá analizarse entre el Gobierno Municipal y el DIF.
“No lo he platicado con el presidente, con la Oficialía Mayor ni con la directora del DIF; tenemos que revisar quién se va a hacer cargo del pago”, comentó.
Nieto Martínez también reveló que, tras este caso, solicitó a la Dirección Jurídica un informe completo de todos los juicios laborales pendientes para evitar que otros expedientes lleguen a la etapa de embargo.
“Pedí un informe de todos los asuntos pendientes para revisar cada uno y que no terminen en esta instancia; incluso poder prever presupuesto para llevar a cabo los pagos”, concluyó.
