Indígenas exigen frenar escrituración en su comunidad

Comonfort, Gto; Integrantes de la comunidad indígena de San Agustín se manifestaron este miércoles frente a la Presidencia Municipal de Comonfort para exigir la suspensión del proceso de escrituración de diversos inmuebles comunitarios, al considerar que el gobierno municipal busca apropiarse de ellos sin haber consultado previamente a la población.

La protesta fue encabezada por la autoridad tradicional de la comunidad, J. Ventura Ramírez Hernández, quien señaló que el conflicto inició cuando el Ayuntamiento tomó posesión de espacios de uso comunitario y comenzó los trámites para regularizarlos a nombre del municipio.

De acuerdo con el representante indígena, uno de los inmuebles ya fue escriturado y otro permanece en proceso legal, situación que, afirmó, se realizó sin informar ni solicitar el consentimiento de la comunidad.

Explicó que durante el fin de semana sostuvieron reuniones con integrantes del Cabildo y con el presidente municipal para solicitar que el procedimiento fuera cancelado. Sin embargo, aseguró que el alcalde les comunicó que el proceso continuará y que no existe posibilidad de revertirlo.

Posteriormente, indicó que la síndica encargada del expediente les confirmó que aún cuentan con un plazo de algunas semanas para buscar una solución mediante el diálogo, incluso con la posible participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Ramírez Hernández sostuvo que el conflicto gira en torno a la posesión de los inmuebles, pues mientras el municipio argumenta contar con documentos catastrales, la comunidad asegura tener la posesión material y el uso permanente de los espacios, donde funcionan oficinas, un patio y un pozo de servicio comunitario.

Asimismo, rechazó que la regularización de los predios represente beneficios para la localidad, como ha sostenido el gobierno municipal. Afirmó que durante la actual administración no han recibido apoyos significativos y que incluso algunas mejoras, como la instalación de luminarias, han sido financiadas por los propios habitantes.

Finalmente, la autoridad indígena adelantó que, de no detenerse el proceso, acudirán a instancias estatales y federales para defender los inmuebles, respaldándose en el artículo 2 de la Constitución y con asesoría jurídica especializada de Guanajuato y Querétaro para proteger el patrimonio de la comunidad.