La senadora Virginia “Kikis” Magaña, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de proteger de manera directa y efectiva a las personas trabajadoras víctimas de violencia doméstica, garantizando que no pierdan su empleo por una situación que vulnera su seguridad, dignidad y autonomía.
“Para muchas mujeres, su empleo no es solo una fuente de ingreso: es el último hilo que las conecta con la posibilidad de salir de un entorno de violencia. Esa posibilidad no puede quedar desprotegida”, afirmó.
La propuesta establece medidas concretas para asegurar la continuidad en el empleo, prevenir la discriminación y brindar apoyo institucional desde los centros de trabajo, en cumplimiento con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 2022.
Explicó que la reforma prohíbe expresamente despedir, sancionar o discriminar a las personas trabajadoras por ser víctimas de violencia doméstica, cuando dicha condición haya sido debidamente acreditada.
Asimismo, incorpora nuevas obligaciones para las personas empleadoras, como proporcionar información clara y accesible sobre la violencia doméstica y sus efectos en el entorno laboral, así como difundir periódicamente los servicios disponibles para atención, protección y denuncia, garantizando en todo momento la confidencialidad y evitando la revictimización.
“La pérdida del empleo, en un contexto de violencia, no es solo una pérdida económica: es la pérdida de la autonomía, y con ella, la imposibilidad de salir del ciclo”, enfatizó.
De acuerdo con cifras oficiales, a nivel nacional cerca del 40% de las mujeres ha experimentado violencia de pareja y más del 11% ha sufrido violencia familiar, siendo el hogar el principal espacio donde ocurren estos actos.
En el caso de Guanajuato, más del 10% de las mujeres mayores de 15 años reportó haber vivido violencia familiar en los últimos doce meses, lo que evidencia la urgencia de atender esta problemática con medidas concretas desde todos los ámbitos, incluido el laboral.
Por ello, destacó que su propuesta busca armonizar el marco legal para atender esta problemática mediante acciones específicas como la flexibilización temporal de la jornada laboral, la protección contra el despido y la implementación de mecanismos de información y apoyo dentro de los centros de trabajo.
Magaña Fonseca explicó que las personas trabajadoras víctimas de violencia doméstica podrán solicitar medidas de protección laboral de manera confidencial, acreditando su situación mediante documentos expedidos por autoridades competentes, instituciones de salud o instancias de apoyo, sin necesidad de contar con una resolución judicial definitiva.
Finalmente, afirmó que garantizar el empleo en estos contextos es fundamental para fortalecer la independencia económica, la dignidad y la seguridad de las personas trabajadoras, al tiempo que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la construcción de espacios laborales libres de violencia, con perspectiva de género, igualdad y justicia social.
