Miriam Reyes Carmona impulsa fin de privilegios penales a “terapias de conversión” y refuerza protección a personas LGBTIQ+

Guanajuato, Gto.,- La diputada Miriam Reyes Carmona, presentó una iniciativa de decreto para derogar los párrafos tercero y cuarto del artículo 239 b del Código Penal del Estado, con el objetivo de eliminar las ventajas penales que abrían la puerta a impunidad para padres y tutores que someten a sus hijos a los llamados “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género” ECOSIG.

Su propuesta da cumplimiento a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la Acción de Inconstitucionalidad 4/2026 declaró inválidas dichas disposiciones por violar derechos humanos fundamentales, en particular el interés superior de la niñez, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.


El artículo 239 b sanciona a quien imparta u obligue a una persona menor de edad o incapaz a recibir esfuerzos para corregir su orientación sexual, identidad o expresión de género, con penas de dos a seis años de prisión y multa. Sin embargo, fue construido con dos salidas que debilitaban la protección: una pena reducida a solo multa y tratamiento psicoterapéutico cuando el agresor era padre, madre o tutor, y una excluyente de responsabilidad basada en el supuesto consentimiento informado de la víctima mayor de edad.

La iniciativa subraya que el Congreso de Guanajuato no puede limitarse a esperar los efectos formales de la sentencia, sino que debe asumir una responsabilidad activa para depurar el ordenamiento penal y evitar cualquier lectura permisiva frente a prácticas discriminatorias.

En términos técnicos, la propuesta plantea la derogación expresa de los párrafos tercero y cuarto del artículo 239 b, lo que elimina la atenuación de la pena para padres, madres o tutores y la excluyente por consentimiento informado. De esta forma, se garantiza una norma penal más clara, proporcional y alineada con la Constitución, con los estándares internacionales y con la legislación federal vigente en la materia.